Perú ha vuelto a vivir este martes una escena repetida en su última década: un presidente destituido antes de concluir su mandato. El Congreso ha cesado a José Jerí, apenas cuatro meses después de haber sucedido a Dina Boluarte, también apartada del cargo en medio de una crisis institucional y de seguridad.
La caída de Jerí se ha producido tras prosperar una de las siete mociones de censura presentadas en su contra. El abogado, de 39 años, estaba bajo investigación por reuniones clandestinas con empresarios chinos en Lima, un escándalo que ha sido bautizado como “Chifagate”. El miércoles el Parlamento deberá nombrar a un nuevo presidente del Congreso, quien asumirá automáticamente la jefatura del Estado hasta el 28 de julio, cuando tome posesión la persona que resulte elegida en las urnas en las elecciones generales previstas para abril.
El “Chifagate” y las reuniones bajo sospecha
La crisis se precipitó hace un mes, cuando se filtró un video en el que Jerí aparecía encapuchado y con lentes oscuros ingresando a un restaurante de comida china en Lima fuera del horario de atención. En el interior mantenía una reunión con Zhihua Yang, empresario con intereses en sectores como seguridad e hidroeléctricas.
Posteriormente se difundieron imágenes de otros encuentros con Yang y con Ji Wu Xiaodong, empresario vinculado a una presunta red de tráfico ilegal de madera y que, pese a tener arresto domiciliario, visitó Palacio de Gobierno en tres ocasiones. Las revelaciones alimentaron sospechas de posibles actos de corrupción y derivaron en una ofensiva parlamentaria.
Jerí defendió hasta el último momento su inocencia y calificó los hechos como “errores” de forma, negando la comisión de delitos. Sin embargo, las versiones contradictorias ofrecidas en las semanas previas erosionaron su posición política.
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Un Congreso fragmentado y cálculo electoral
El debate parlamentario estuvo marcado por acusaciones cruzadas y tensión entre bancadas, en un contexto preelectoral. A ocho semanas de los comicios del 12 de abril, las fuerzas políticas han calibrado el costo y beneficio de forzar la destitución.
Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, optó por no respaldar la censura con el argumento de evitar mayor inestabilidad. En cambio, otras bancadas sumaron los 78 apoyos necesarios para convocar el pleno extraordinario y finalmente aprobar la vacancia.
Durante la sesión, una parlamentaria de Somos Perú intentó cambiar la figura de censura por la de vacancia presidencial, que exige un umbral mayor de votos. La iniciativa no prosperó y la destitución fue consumada.
Popularidad en caída y desconfianza ciudadana
El desplome político de Jerí ha sido acelerado. Si al inicio de su mandato registraba un 58% de aprobación, una encuesta reciente de Datum Internacional señala que el 68% de los peruanos lo considera sospechoso de haber cometido actos de corrupción. La pérdida de respaldo ciudadano debilitó su margen de maniobra frente a un Congreso con amplia capacidad de presión.
La salida de Jerí confirma un patrón de inestabilidad crónica. Será el octavo presidente en una década que no logra completar su periodo. Esta rotación constante en el poder complica la ejecución de reformas estructurales y profundiza la incertidumbre institucional.
Un país en espiral de crisis
La destitución abre un nuevo capítulo en la crisis política peruana. El presidente del Congreso que sea elegido asumirá de forma interina la jefatura del Estado hasta la investidura del próximo mandatario en julio.
La sucesión exprés evidencia la fragilidad del sistema político peruano, donde la confrontación entre Ejecutivo y Legislativo se ha convertido en una constante. En un escenario electoral ya polarizado, la caída de Jerí añade más presión a un proceso que definirá no solo al próximo presidente, sino también la posibilidad —o no— de estabilizar un país que encadena años de turbulencia institucional. @mundiario
