Las fuerzas armadas de Estados Unidos han hundido tres supuestas narcolanchas en operaciones realizadas en el Caribe y el Pacífico oriental, con un saldo de 11 personas muertas, según ha informado el Comando Sur de Estados Unidos (Southcom), responsable de las operaciones militares estadounidenses en América Latina.
Los ataques se han producido a última hora del lunes y, de acuerdo con el comunicado oficial, estaban dirigidos contra embarcaciones vinculadas a organizaciones designadas como terroristas por Washington. Dos de las acciones se llevaron a cabo en el Pacífico oriental, donde murieron cuatro personas en cada embarcación. El tercer ataque tuvo lugar en el Caribe y dejó tres fallecidos. El mando militar ha señalado que ningún soldado estadounidense resultó herido.
La operación se enmarca en la misión conjunta denominada Lanza del Sur, desplegada en aguas del Caribe y del Pacífico como parte de la estrategia antidrogas impulsada por la Administración de Donald Trump. Según el Comando Sur, los servicios de inteligencia habían identificado las embarcaciones en rutas habituales del narcotráfico y las vinculaban con actividades de tráfico de drogas.
El anuncio llega días después de otro ataque similar el pasado viernes, cuando fuerzas estadounidenses destruyeron con un misil otra supuesta narcolancha y murieron sus tres tripulantes. Desde el 2 de septiembre, cuando Trump autorizó el primer golpe de este tipo, Washington ha reconocido más de 40 ataques contra embarcaciones presuntamente dedicadas al narcotráfico, con alrededor de 150 muertos.
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Legalidad en debate y críticas por uso de fuerza letal
El Gobierno estadounidense sostiene que las operaciones son legales y están amparadas por la designación de determinados carteles como organizaciones terroristas internacionales. Bajo ese argumento, considera que el uso de fuerza letal en aguas internacionales constituye una respuesta legítima frente a amenazas transnacionales.
Sin embargo, expertos en derecho internacional y varios legisladores, en su mayoría del Partido Demócrata, han cuestionado la legalidad de estos ataques y advierten de que podrían tratarse de ejecuciones extrajudiciales al no mediar procesos judiciales previos ni intentos públicos de detención.
La controversia ha escalado también al ámbito judicial. En enero, dos familias de Trinidad y Tobago interpusieron la primera demanda en tribunales estadounidenses contra el Gobierno de Washington por la muerte de dos de sus allegados en un ataque ocurrido el 14 de octubre en el Caribe.
Escalada militar en aguas estratégicas
Las operaciones se producen en un contexto de creciente presencia militar estadounidense en la región. El portaaviones USS Gerald R. Ford había sido enviado al Caribe en octubre para reforzar la misión antidrogas. Esta estrategia se ha combinado con una política de presión sobre Venezuela en los meses previos a la captura en Caracas del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero.
La sucesión de ataques consolida un giro hacia el uso intensivo de fuerza militar en la lucha contra el narcotráfico marítimo. Mientras Washington defiende la eficacia de la estrategia, crecen las dudas sobre sus implicaciones legales y su impacto en la estabilidad regional. @mundiario
