La reciente decisión del Gobierno de Israel de registrar partes de Cisjordania como “propiedad del Estado” representa un punto de inflexión en la gestión del territorio ocupado desde 1967. La medida, promovida por sectores ultranacionalistas del Ejecutivo encabezado por el primer ministro Benjamín Netanyahu, ha generado una fuerte reacción internacional y ha reavivado el debate sobre si este proceso constituye una anexión progresiva del territorio palestino.
La iniciativa plantea implicaciones legales, políticas y estratégicas que podrían redefinir el conflicto en uno de los escenarios más sensibles del panorama geopolítico global.
El plan aprobado busca formalizar el registro de amplias áreas del denominado Área C, que representa alrededor del 60 % de Cisjordania y permanece bajo control administrativo y militar israelí desde los acuerdos firmados en la década de 1990.
Según el Gobierno israelí, la regularización de la titularidad pretende resolver disputas legales sobre la propiedad de la tierra y fortalecer la capacidad administrativa del Estado. El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, ha defendido la medida como parte de una estrategia para consolidar la presencia israelí en el territorio y afirmó que el proceso forma parte de una “expansión del control estatal” sobre áreas que considera históricamente vinculadas a Israel.
Desde la perspectiva israelí, la iniciativa también responde a objetivos de seguridad y gobernanza territorial. El Ejecutivo sostiene que el registro estatal permitirá actuar con mayor rapidez en la gestión del territorio y facilitará el desarrollo de infraestructuras y asentamientos.
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Sin embargo, el alcance del plan ha despertado preocupación entre analistas internacionales, que señalan que la formalización de la titularidad estatal podría transformar una ocupación considerada temporal en un sistema administrativo con carácter permanente, alterando el equilibrio jurídico que ha regido el territorio durante décadas.
La reacción palestina ha sido inmediata y contundente. La Autoridad Nacional Palestina, liderada por el presidente Mahmoud Abás, calificó la medida como una “anexión de facto” del territorio ocupado y solicitó la intervención de la comunidad internacional. Desde su punto de vista, la iniciativa vulnera acuerdos previos y reduce aún más la viabilidad territorial de un futuro Estado palestino.
Hamás también condenó la decisión y acusó a Tel Aviv de buscar consolidar asentamientos israelíes mediante la apropiación de tierras palestinas.
El rechazo no se limita al ámbito político palestino. Diversos países y organismos internacionales han advertido de que la decisión podría contravenir el derecho internacional, que establece limitaciones claras sobre la administración de territorios ocupados.
En 2024, el Tribunal Internacional de Justicia emitió una opinión consultiva en la que sostuvo que la ocupación israelí y la expansión de asentamientos en territorios palestinos son incompatibles con el derecho internacional. Israel, sin embargo, ha cuestionado esa interpretación y mantiene que su política territorial responde a necesidades de seguridad y a disputas legales históricas sobre la propiedad de la tierra.
El proceso de registro territorial tiene además un fuerte componente histórico y administrativo. Durante el Mandato Británico y posteriormente bajo la administración jordana, se desarrollaron mecanismos para documentar la titularidad de tierras en la región.
Tras la Guerra de los Seis Días en 1967, Israel suspendió estos procedimientos en el territorio ocupado. Retomar ahora ese proceso implica establecer registros de propiedad permanentes, lo que según organizaciones israelíes críticas con la política de asentamientos podría dificultar cualquier futura negociación territorial basada en la solución de dos Estados.
La decisión también debe analizarse en clave política interna israelí. El Gobierno de Netanyahu cuenta con una coalición donde los partidos nacionalistas y proasentamientos tienen un peso significativo. Para estos sectores, la consolidación administrativa del control sobre Cisjordania constituye un objetivo estratégico que refuerza su base electoral y responde a su visión histórica del territorio.
Desde el punto de vista geopolítico, la medida aumenta la tensión en un momento especialmente delicado para la región. El conflicto en Gaza, la presión internacional sobre el proceso de paz y la creciente polarización política dificultan la posibilidad de negociaciones a corto plazo.
Al mismo tiempo, el registro estatal de tierras podría alterar las dinámicas legales y administrativas del territorio, generando nuevos obstáculos para cualquier acuerdo futuro sobre el estatus definitivo de Cisjordania. @mundiario
