Las expectativas de una transición política radical en Venezuela han ido diluyéndose para dar paso a un escenario más ambiguo: una cohabitación pragmática entre el oficialismo chavista y sectores alineados con el movimiento MAGA en Estados Unidos. Ese entendimiento incipiente ha tenido un efecto inmediato en el plano económico: una flexibilización parcial de las sanciones y la reapertura progresiva del sector petrolero, con impactos visibles —aunque todavía limitados— en el consumo, el abastecimiento y la dinámica de precios.
En ese contexto, Washington ha desmontado parte del esquema restrictivo que impedía operar en el país a compañías como Shell y Repsol, mientras Chevron se prepara para duplicar su producción en territorio venezolano. El giro marca un punto de inflexión en la relación bilateral tras años de aislamiento financiero y comercial, pero no implica una liberalización plena. La Casa Blanca ha dejado claro que los ingresos derivados del crudo no ingresarán directamente a las arcas públicas venezolanas: serán administrados por el Departamento del Tesoro y supervisados en su vertiente comercial por el Departamento de Energía, bajo la órbita política del secretario de Estado, Marco Rubio.
El petróleo como motor —y límite— de la recuperación
Así, Estados Unidos podría llegar a controlar hasta el 70% de los flujos generados por la venta de petróleo venezolano, según estimaciones de analistas. El modelo replica parcialmente el mecanismo aplicado con Chevron hasta el año pasado: una dolarización de facto en la que parte de los petrodólares se canalizan al sistema bancario y luego se subastan a importadores de bienes prioritarios. A finales de enero, el nuevo esquema se estrenó con una inyección inicial de 300 millones de dólares, lo que ha permitido reanimar determinadas operaciones comerciales y estabilizar segmentos específicos del mercado cambiario.
El petróleo vuelve así a situarse en el centro de cualquier expectativa de recuperación. El sector representa al menos un tercio del Producto Interno Bruto y genera más del 80% de las divisas del país, según cálculos privados. Consciente de ese peso estructural, la Asamblea Nacional, de mayoría chavista, ha flexibilizado el marco regulatorio para facilitar una mayor participación privada en la cadena de valor del crudo. Si se consolidan garantías jurídicas, el nuevo entorno podría abrir espacio a inversiones adicionales.
Sin embargo, el regreso de grandes compañías como Exxon o Conoco exigiría reformas contractuales más profundas y una seguridad legal sostenida en el tiempo. Del mismo modo, la eventual vuelta de empresas de servicios como SLB y Halliburton sería clave para reactivar yacimientos maduros y potenciar la Faja del Orinoco. La venta del crudo en mercados abiertos y no sancionados ha permitido mejorar los precios hasta en un 30% por barril frente a los canales restringidos anteriores, aunque la recuperación se prevé gradual y, sobre todo, condicionada por la voluntad política en Washington.
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Sistema financiero: reconexión pendiente
Esa dependencia externa también se refleja en el sistema financiero. La banca venezolana opera con capacidades muy limitadas tras años de inflación de tres dígitos y fuertes restricciones regulatorias. El crédito es marginal y la actividad se concentra en funciones básicas de intermediación. Una flexibilización más amplia de las sanciones financieras permitiría restablecer bancos corresponsales y reconectar el sistema local con el circuito global, además de abrir la puerta a instrumentos de financiamiento hoy inexistentes, como la banca de inversión o el capital de riesgo.
En paralelo, los bonos venezolanos en default han mostrado reacciones positivas en los mercados secundarios ante la expectativa de una futura reestructuración de deuda, paso imprescindible para normalizar las cuentas públicas. Sin una solución integral al frente fiscal y financiero, cualquier mejora seguirá siendo frágil.
A todo ello se suma el deterioro de la infraestructura. Años de baja inversión han afectado redes eléctricas, refinación, transporte y telecomunicaciones. La infraestructura energética, pese a su capacidad instalada histórica, opera de forma intermitente por fallas eléctricas y falta de mantenimiento. En respuesta, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, impulsa un paquete legislativo que incluye reformas en hidrocarburos, minería, comercio exterior, telecomunicaciones y ciberseguridad, con el objetivo declarado de atraer inversión extranjera y modernizar el marco normativo.
Desde 2019, el Gobierno ha mostrado un giro más pragmático hacia el sector privado, especialmente tras los momentos más agudos de la hiperinflación. No obstante, persisten trabas tributarias, laborales y regulatorias que elevan el riesgo de decisiones discrecionales y frenan la confianza inversora. La gran incógnita es si este nuevo esquema —marcado por una fuerte tutela estadounidense y una apertura económica controlada— desembocará en una normalización sostenida o en una dependencia estructural de flujos administrados desde Washington.
En un país que ha acumulado años de contracción económica y fuga de talento, la reapertura petrolera representa un respiro innegable. Pero el alcance real de la recuperación dependerá de reformas profundas, estabilidad política y reglas de juego claras, factores que todavía están lejos de consolidarse plenamente. @mundiario
