La justicia de Corea del Sur ha dictado una de las sentencias más críticas de su historia democrática reciente: cadena perpetua contra el expresidente Yoon Suk Yeol por liderar una insurrección tras su fallida declaración de ley marcial el 3 de diciembre de 2024. El fallo del Tribunal del Distrito Central de Seúl marca un precedente, al convertirlo en el primer jefe de Estado elegido democráticamente en recibir la pena máxima de prisión por este delito.
El veredicto cierra, al menos en primera instancia, un proceso que comenzó tras una de las mayores crisis políticas en décadas. Durante seis horas, tropas militares rodearon la Asamblea Nacional y se ordenó la detención de dirigentes políticos, en un movimiento que los jueces consideraron un intento deliberado de paralizar el poder legislativo.
El tribunal concluyó que la declaración de ley marcial constituyó insurrección. Según la sentencia, el objetivo era bloquear la Asamblea Nacional, impedir deliberaciones y arrestar a figuras clave, incluido el presidente del Parlamento.
En el marco constitucional surcoreano, los presidentes en ejercicio gozan de inmunidad penal salvo en casos de traición o insurrección. Esa excepción permitió procesarlo tras su destitución. La figura de “insurrección” implica levantarse contra el orden constitucional con intención de subvertirlo, incluso desde el propio poder ejecutivo.
Los jueces sostuvieron que desplegar fuerzas militares para sellar el Parlamento y ordenar arrestos políticos fue un intento directo de alterar el sistema democrático. El fallo calificó a Yoon como “cabecilla de la insurrección”.
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Cadena perpetua en lugar de pena de muerte
La Fiscalía solicitó la pena de muerte, argumentando que el intento de “autogolpe” representó una grave destrucción del orden constitucional. Sin embargo, el tribunal optó por cadena perpetua con trabajos forzados.
Entre los factores considerados estuvieron que la planificación no fue meticulosa, que el uso de la fuerza física fue limitado y que la mayoría de las acciones fracasaron. Aunque la ley contempla tres castigos posibles —pena capital, cadena perpetua con o sin trabajos forzados— la corte entendió que la perpetua era proporcional a la gravedad de los hechos.
En la práctica, incluso una condena a muerte habría supuesto prisión indefinida, ya que Corea del Sur mantiene una moratoria de facto sobre ejecuciones desde 1997.
Por su parte, Yoon defendió su decisión alegando que pretendía proteger al país de “fuerzas antiestatales” supuestamente vinculadas a Corea del Norte. No obstante, durante el juicio se expuso que enfrentaba una fuerte caída en popularidad, escándalos políticos y presiones parlamentarias, incluidas investigaciones sobre su entorno familiar.
El tribunal sostuvo que la medida no respondió a una amenaza inmediata sino a una crisis política interna. La lectura del veredicto fue transmitida en directo. Afuera del tribunal, simpatizantes y detractores protagonizaron escenas de tensión que reflejan la polarización social que dejó el episodio.
La sentencia contra Yoon no fue aislada. Otros altos cargos implicados en la crisis de diciembre de 2024 recibieron penas de entre tres y treinta años de prisión. Estas decisiones previas configuraron un marco que anticipaba un castigo severo para el exmandatario.
Además, Yoon ya había sido condenado a cinco años por abuso de poder y obstrucción a la justicia. Enfrenta todavía varios procesos adicionales, incluidos cargos relacionados con la presunta provocación de tensiones militares con Corea del Norte.
¿Puede ser indultado?
La cadena perpetua en Corea del Sur no tiene fecha fija de liberación. Existe la posibilidad teórica de libertad condicional tras 20 años, bajo estrictas condiciones. Sin embargo, la historia política del país muestra que los expresidentes condenados han sido posteriormente indultados.
Casos como el de Park Geun-hye (2013-2017), condenada por corrupción y luego indultada, o los exmandatarios Chun Doo-hwan y Roh Tae-woo, sentenciados por el golpe de 1979 y después perdonados, forman parte del precedente político.
Algunos expertos consideran que, más allá de la severidad formal, la sentencia cumple también una función simbólica: establecer un límite jurídico claro frente a cualquier intento de alterar el orden constitucional desde el poder. La condena a Yoon Suk Yeol redefine los márgenes legales del poder presidencial en Corea del Sur. El tribunal subrayó que la neutralidad política de las Fuerzas Armadas y de la policía fue gravemente dañada, así como la credibilidad internacional del país. @mundiario
