La guerra en Sudán se entiende como un conflicto especialmente crítico tras la publicación de un informe de la Consejo de Derechos Humanos de la ONU que advierte de “signos que apuntan hacia un genocidio” en la ciudad de El Fasher, en la región de Darfur.
La investigación, realizada por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Sudán, analiza el asedio de 18 meses impuesto por las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) y documenta patrones sistemáticos de violencia contra comunidades no árabes, especialmente zaghawa y fur.
El hallazgo no tiene la misma contundencia de una sentencia judicial definitiva, pero sí identifica elementos que encajan con la definición de genocidio establecida por la Convención de 1948. Según los expertos, al menos tres de los cinco criterios internacionales se habrían cumplido durante la ofensiva paramilitar en El Fasher.
El Fasher era el último bastión del Ejército sudanés en Darfur hasta su caída, el 26 de octubre, en manos de las RSF. Durante el asedio, la ciudad fue progresivamente aislada, privada de suministros y sometida a ataques constantes. La misión de la ONU concluye que esta estrategia debilitó deliberadamente a la población civil antes del mortal asalto final.
Entre el 25 y el 27 de octubre, más de 6.000 personas fueron asesinadas, según cifras recogidas por la Oficina de Derechos Humanos. Solo el 40% de los 260.000 habitantes logró huir. El resto murió, resultó herido o permanece desaparecido.
El informe describe asesinatos masivos, ejecuciones sumarias, violencia sexual generalizada, torturas y desapariciones forzadas. No se trataría, según los investigadores, de “excesos aislados”, sino de una campaña coordinada.
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Los criterios de genocidio bajo análisis
La Convención sobre el Genocidio establece cinco actos que pueden configurar este crimen: asesinato de miembros de un grupo protegido; daños físicos o mentales graves; imposición de condiciones de vida destinadas a destruir al grupo; impedimento de nacimientos; y traslado forzoso de niños.
La misión de la ONU documenta al menos tres de esos supuestos en El Fasher. En primer lugar, la matanza sistemática de miembros de grupos étnicos protegidos. En segundo lugar, la violencia sexual selectiva y otras formas de daño físico y psicológico. Y en tercer lugar, la imposición deliberada de condiciones de vida —hambre, asedio prolongado, bloqueo de ayuda— destinadas a provocar la destrucción parcial del grupo.
El informe también recoge testimonios de combatientes que habrían expresado abiertamente su intención de eliminar a comunidades no árabes. Esa dimensión discursiva es relevante en la evaluación jurídica de la intención genocida.
Uno de los elementos centrales del informe es la existencia de un “patrón sistemático” de violencia étnica. Las mujeres y niñas zaghawa y fur fueron atacadas de forma selectiva, mientras que mujeres percibidas como árabes eran, en muchos casos, perdonadas. La investigación sostiene que la escala y coordinación de la operación apuntan a una planificación estructurada. Miles de personas fueron asesinadas o desaparecieron en apenas tres días tras la toma de la ciudad.
El presidente de la misión, Mohamed Chande Othman, subrayó que la ofensiva no puede entenderse como una consecuencia caótica de la guerra, sino como una operación organizada con características que encajan en el marco jurídico del genocidio.
El contexto del conflicto en Sudán
La guerra en Sudán estalló en abril de 2023 tras la ruptura entre el ejército regular y las Fuerzas de Apoyo Rápido, lideradas por el general Mohammed Hamdan Dagalo. El enfrentamiento, inicialmente centrado en la capital de Jartum, se extendió rápidamente hacia el oeste, a Darfur.
Desde entonces, el conflicto ha causado más de 40.000 muertos, según cifras de la ONU, aunque organizaciones humanitarias sostienen que la cifra real podría ser considerablemente mayor. Darfur arrastra además un precedente histórico: las milicias Janjaweed, de las que surgieron las RSF, fueron responsables de otras atrocidades masivas a principios de los años 2000.
El informe señala que las prácticas documentadas en El Fasher reproducen patrones anteriores, pero en una escala más letal.
Aunque la misión no tiene competencia judicial, sus conclusiones pueden servir de base para futuras acciones ante tribunales internacionales. La tipificación de genocidio no requiere que se cumplan todos los criterios; basta con uno si se demuestra la intención de destruir total o parcialmente a un grupo protegido.
El informe también pone el foco en la falta de prevención. Organismos internacionales habían advertido del riesgo para la población civil durante el asedio, pero no se adoptaron medidas efectivas que disuadieran la ofensiva. @mundiario
