La ofensiva de la Administración de Donald Trump contra la Agencia Internacional de la Energía no es un exabrupto aislado ni una salida de tono diplomática. Es una estrategia calculada. El secretario de Energía, Chris Wright, ha dado un ultimátum de doce meses para que la AIE abandone los escenarios de emisiones netas cero y deje de priorizar la transición hacia energías limpias. Si no lo hace, Estados Unidos abandonará la organización y retirará cerca del 15% de su financiación.
Para entender la gravedad del gesto conviene explicar qué es la AIE. Se trata de un organismo vinculado a la OCDE que elabora análisis y previsiones sobre el mercado energético global. Sus informes no son panfletos ideológicos, sino proyecciones basadas en datos. En los últimos años, esos estudios han señalado algo incómodo para el sector fósil: que la demanda de petróleo, gas y carbón podría tocar techo antes de que termine esta década y que la electrificación marcará el nuevo ciclo energético.
Una estrategia de presión desde dentro
Washington ha optado por una doble vía en materia climática. Por un lado, ha abandonado acuerdos como el Acuerdo de París. Por otro, permanece en organismos estratégicos para intentar redefinir su orientación desde dentro. La presión sobre la AIE responde a esa lógica. No se trata solo de negar el cambio climático, sino de disputar el relato económico sobre el futuro de la energía.
Estados Unidos es el primer productor mundial de petróleo y el peso de esta industria en su aparato político es innegable. Si la AIE sostiene que el negocio fósil perderá centralidad, se envía una señal directa a los mercados, a los inversores y a los gobiernos. Es como cambiar el faro que guía a los barcos en mitad de la noche. No se discute únicamente una predicción técnica, sino la dirección de las inversiones globales.
El propio Wright ha reconocido el riesgo de que, si EE UU se retira, China gane más influencia en la agencia. Y ahí aflora otra dimensión del conflicto. Mientras Washington cuestiona la transición, Pekín lidera la fabricación y exportación de tecnología solar y eólica. La pugna no es solo ambiental, es geopolítica.
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Europa y la defensa de la evidencia
Frente a esta presión, España, Francia y el Reino Unido han defendido el trabajo de la AIE. La vicepresidenta española Sara Aagesen ha insistido en que la agencia se basa en evidencias y datos rigurosos, un recordatorio necesario en un momento en que la desinformación erosiona el debate público. Francia y Reino Unido han respaldado la necesidad de mantener escenarios de emisiones netas cero como hoja de ruta para cumplir los compromisos internacionales.
El secretario general de la ONU, António Guterres, ha ido más allá al afirmar que la humanidad ha entrado en la era de la energía limpia y que las renovables son ya la fuente más barata y rápida de nueva electricidad en gran parte del mundo. Esta afirmación no es voluntarismo. Los costes de la solar y la eólica han caído de forma sostenida durante la última década.
La cuestión de fondo es sencilla aunque incómoda. ¿Puede una economía global ignorar los límites físicos del planeta sin pagar un precio mayor después? Retrasar la transición no elimina el problema, solo desplaza sus costes hacia el futuro y los multiplica en forma de fenómenos extremos, inestabilidad económica y dependencia tecnológica.
La AIE no dicta políticas, pero ilumina escenarios. Silenciar esos escenarios no cambia la realidad energética, solo la vuelve más opaca. Y en tiempos de incertidumbre, lo último que necesita el mundo es apagar las luces del análisis riguroso. @mundiario
