La justicia surcoreana ha dictado una condena histórica: cadena perpetua para el exmandatario Yoon Suk-yeol que, en diciembre de 2024, llevó al país al borde de una crisis institucional sin precedentes al ordenar la ley marcial en directo por televisión. El Tribunal del Distrito Central de Seúl concluye que aquella decisión no fue una medida de emergencia, sino un intento deliberado de alterar el sistema democrático.
El fallo sostiene que el despliegue de militares en torno a la Asamblea Nacional y la intención de impedir su actividad parlamentaria constituyeron un acto de insurrección. Para los magistrados, la clave no fue solo la proclamación excepcional, sino las acciones posteriores: tropas entrando en el Parlamento, órdenes para bloquear votaciones y el intento de detener a dirigentes políticos, entre ellos el actual presidente Lee Jae-myung.
La sentencia subraya que el exjefe del Estado actuó coordinadamente con el entonces ministro de Defensa Kim Yong-hyun, condenado a 30 años de prisión, con el objetivo de paralizar el poder legislativo. Otros mandos policiales y militares también han recibido penas de entre tres y dieciocho años por su participación en el operativo.
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Una línea roja en la historia democrática
El delito de insurrección es uno de los más graves del ordenamiento jurídico surcoreano y apenas se ha aplicado a un exmandatario desde la condena al dictador Chun Doo-hwan en los años noventa. El tribunal considera que la orden de movilizar fuerzas armadas sin una amenaza real vulneró el corazón del sistema constitucional.
La Fiscalía defendía que el Gobierno trató de justificar la medida alegando bloqueo parlamentario y supuestos riesgos para la seguridad nacional. Sin embargo, la sentencia concluye que no existía emergencia alguna y que la retirada de la ley marcial apenas seis horas después respondió al rechazo político y social masivo.
La noche que cambió la política surcoreana
Aquella madrugada, diputados reunidos de urgencia revocaron la orden mientras miles de ciudadanos rodeaban el Parlamento para impedir el acceso de los soldados. Las imágenes dieron la vuelta al mundo y desencadenaron semanas de protestas que acabaron con la destitución del presidente meses después.
El exmandatario permanece en prisión desde hace un año y aún afronta otros procesos judiciales vinculados al mismo episodio, incluidos abuso de poder y manipulación de documentos oficiales.
Con esta condena, la justicia surcoreana pretende enviar un mensaje inequívoco: ni siquiera el jefe del Estado está por encima de la Constitución. La decisión refuerza la tradición del país de resolver en los tribunales sus grandes crisis políticas y marca un precedente que pesará durante décadas sobre la vida pública nacional. @mundiario
