La Asamblea Nacional de Venezuela avanzó este jueves en la aprobación de la esperada ley de amnistía, pero el impulso político se topó con su propio límite: la falta de consenso sobre el alcance real del perdón. Lo que el oficialismo quería convertir en un gesto rápido de reconciliación terminó revelando las fracturas que atraviesan al chavismo, a la oposición y a una sociedad civil exhausta tras más de dos décadas de confrontación. La norma, anunciada semanas atrás por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, deberá volver al hemiciclo la próxima semana para culminar su segunda discusión.
Durante una hora y 27 minutos, los diputados votaron uno a uno los primeros artículos bajo la conducción del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. El trámite se detuvo en el polémico artículo 7, que define quiénes podrán acogerse a la amnistía y en qué condiciones. Ese punto, aparentemente técnico, se ha convertido en el corazón del debate político y moral: ¿se trata de liberar a perseguidos injustamente o de perdonar a culpables que deben someterse primero a la justicia?
La distinción no es menor. En el lenguaje jurídico, reconocer a alguien como víctima de persecución política implica reparar una injusticia; enmarcarlo como beneficiario de un perdón supone aceptar su culpabilidad. Esa ambigüedad es la que ha fracturado el consenso que el chavismo buscaba exhibir como señal de apertura. Aunque el oficialismo cuenta con mayoría suficiente para aprobar la ley, ha preferido retrasar la votación final en busca de algunos votos opositores que legitimen el proceso.
Recuperar los derechos políticos
El texto en discusión revisa hechos ocurridos desde el 1 de enero de 1999 hasta la entrada en vigor de la ley, pero delimita períodos específicos de alta conflictividad: el golpe de Estado de 2002, el paro petrolero, las protestas del revocatorio contra Hugo Chávez y los ciclos de manifestaciones de 2007, 2014, 2017, 2019 y 2024. Esa selección temporal también ha sido cuestionada por sectores que reclaman una amnistía más amplia.
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Las modificaciones introducidas en esta segunda versión flexibilizan parcialmente la propuesta inicial. Se incluyó la posibilidad de que los beneficiarios recuperen sus derechos políticos y un plazo de 15 días para que los tribunales revisen y anulen condenas. Además, se estableció que, ante dudas interpretativas, prevalecerá la decisión más favorable al acusado. Sin embargo, el alcance de estas garantías depende en gran medida de cómo se resuelva el artículo 7.
El punto de quiebre
El artículo establece que la amnistía abarcará a quienes hayan sido procesados o condenados por hechos vinculados a los eventos contemplados en la ley, siempre que se hayan sometido —o se sometan— a la jurisdicción venezolana. En la práctica, esto implicaría que exiliados tendrían que presentarse ante tribunales e incluso enfrentar detenciones para acogerse al beneficio. La condición ha generado alarma en la oposición y en organizaciones de derechos humanos.
La diputada opositora Nora Bracho advirtió que la norma debe ser “amplia” e incluir tanto a presos políticos como a exiliados. Sin memoria ni garantías de no repetición, sostuvo, cualquier amnistía será frágil. En paralelo, movilizaciones estudiantiles recorrieron varias ciudades del país exigiendo libertad plena para los detenidos, mientras una marcha chavista respaldaba la agenda gubernamental frente al Parlamento. El debate legislativo, lejos de apaciguar las tensiones, las ha hecho visibles.
Fricciones dentro del chavismo
Las diferencias no se limitan al eje Gobierno-oposición. Dentro del propio chavismo emergen posturas divergentes. El ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, ha manifestado su rechazo a una amnistía amplia que incluya a quienes promovieron acciones como la llamada Operación Gedeón de 2020. “Aquí no va a haber olvido”, afirmó en su programa televisivo, dejando claro que para un sector del oficialismo la reconciliación tiene límites estrictos.
En contraste, el fiscal general Tarek William Saab ha defendido una visión más incluyente, planteando que la ley debería beneficiar a todos los sectores políticos e ideológicos, incluso a quienes apoyaron acciones extremas. La tensión entre ambas posturas refleja un dilema más profundo: si la amnistía será un instrumento de control político o un verdadero punto de inflexión.
Una reconciliación bajo sospecha
La ley también ha sido criticada por no contemplar la derogación de normas como la llamada “ley contra el odio”, utilizada en los últimos años para procesar a opositores. Aunque algunos negociadores sugieren que se buscará una fórmula para incluir a condenados bajo esa legislación, la ausencia de una reforma explícita alimenta la desconfianza.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció que el proceso ha revictimizado a las familias al obligarlas a exponer sus casos ante autoridades que consideran responsables de las detenciones. A su juicio, el Estado ya conoce —o debería conocer— las motivaciones políticas de esos encarcelamientos.
La aprobación parcial de la ley, celebrada inicialmente como un gesto histórico, se ha transformado en un espejo de las contradicciones venezolanas. La amnistía, concebida como puente hacia la estabilidad, corre el riesgo de convertirse en otro capítulo de polarización si no logra un consenso real y garantías efectivas. @mundiario
