La amnistía de Venezuela excluye a militares y a quienes pidieron una intervención extranjera

Venezuela intenta reinventarse tras el abrupto descabezamiento del líder del chavismo, pero lo hace con bisturí, no con abrazo abierto. Un mes y medio después de la captura de Nicolás Maduro y su traslado a Nueva York para enfrentar cargos judiciales, la Asamblea Nacional ha aprobado una ley de amnistía que promete liberar a cientos de presos políticos. Sin embargo, la medida nace con límites explícitos: excluye a militares acusados de rebelión y a quienes el oficialismo considera promotores de una intervención extranjera. El perdón, en esta nueva etapa, tiene condiciones.

La norma fue promulgada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien apeló a la reconciliación y a la necesidad de “abrir nuevas alamedas para la política”. El discurso oficial habla de convivencia democrática y de superar la intolerancia. Pero la letra pequeña revela una operación política más compleja: la amnistía no supone reconocimiento de persecución ni reparación simbólica para las víctimas. Es un borrón jurídico, no una confesión histórica.

El texto, respaldado por unanimidad parlamentaria, extingue responsabilidades penales por hechos ocurridos entre 1999 y 2026, prácticamente todo el ciclo chavista. En términos prácticos, permitirá excarcelar a buena parte de los cerca de 600 presos políticos que aún permanecen en el país, según organizaciones de derechos humanos. También ofrece garantías para evitar nuevas detenciones por los mismos hechos y facilita que exiliados tramiten su situación a través de abogados.

Sin embargo, la ley traza una línea roja nítida: alrededor de dos centenares de militares procesados por rebelión quedan fuera. Para el nuevo equilibrio de poder, las Fuerzas Armadas siguen siendo un terreno sensible. El mensaje es claro: la disciplina castrense no entra en la lógica del perdón político. Tampoco lo hacen quienes hayan “instigado o facilitado acciones armadas contra la soberanía”, una fórmula que apunta directamente a figuras opositoras acusadas de pedir apoyo internacional para forzar un cambio de régimen.

Una amnistía con advertencias

Entre los nombres que sobrevuelan esa exclusión está el de María Corina Machado, señalada por el chavismo como promotora de una intervención extranjera. Aunque la ley no la menciona, la redacción parece diseñada para impedir que perfiles asociados a esa estrategia puedan acogerse al beneficio.

El presidente de la comisión parlamentaria que debatió la norma, Jorge Arreaza, dejó claro antes de la votación que los beneficiarios deberán reincorporarse “cívicamente” y abandonar cualquier tentación insurreccional. No se trata solo de liberar, sino de condicionar el regreso a la arena pública. El chavismo sin Maduro ensaya una apertura controlada: concede espacio, pero marca límites.

La exclusión de los militares no es menor. Durante años, las fracturas internas en los cuarteles fueron uno de los mayores temores del poder. Al dejar fuera a quienes protagonizaron o intentaron alzamientos, el nuevo Gobierno protege la jerarquía y evita enviar una señal de impunidad dentro del estamento armado. El perdón político no puede convertirse, desde su perspectiva, en incentivo para futuras rebeliones.

Tampoco se abre la puerta a quienes buscaron respaldo militar extranjero. En el relato oficial, esa línea cruza del disenso a la traición. La amnistía, así concebida, distingue entre protesta interna —aunque haya sido dura o masiva— y alianzas con actores externos. Es una frontera ideológica que redefine qué tipo de oposición es tolerable en la nueva etapa.

Perdón sin reconocimiento

Más allá de las exclusiones, la ley ha sido criticada por no reconocer explícitamente la represión ni exigir responsabilidades por abusos. Es un gesto político que mira hacia adelante, pero evita revisar el pasado. La narrativa dominante no habla de presos injustos, sino de responsabilidades extintas. Para muchos afectados, el perdón sin verdad suena a ironía.

Al mismo tiempo, la medida responde a una presión internacional evidente. Con Donald Trump atento a la estabilidad venezolana —y a los intereses energéticos en juego—, el Gobierno encargado necesita mostrar avances democráticos sin perder el control interno. La liberación gradual de detenidos en las últimas semanas, muchas veces con restricciones o medidas cautelares, anticipaba el movimiento.

La amnistía, en definitiva, inaugura una etapa ambigua. Abre puertas, pero no todas. Libera, pero selecciona. Invita al regreso, pero bajo condiciones. Venezuela ensaya una transición donde el poder intenta reconciliar sin desarmarse. El perdón se convierte en herramienta política y en mensaje de autoridad a la vez. @mundiario